Abinader vs. Abinader

En un tuit escrito por el hoy presidente Luis Abinader, el 16 de abril de 2016, es decir, un mes antes de la fecha de las votaciones de las elecciones de ese año, cuando era candidato a la presidencia del pereeme, afirmaba que: “La solución al déficit no son más impuestos, como pretende el Gobierno, sino reajustar el gasto acabando con el dispendio”.

Cinco años después, cuando ya siendo presidente de la República, acaba de presentar un presupuesto deficitario, con una alta carga de endeudamiento público, aquel tuit adquiere toda su significación porque además nos encontramos bajo la amenaza de una reforma fiscal orientada a aumentar la carga impositiva a la población.

¿Qué puede explicar que el hoy presidente Abinader reproduzca el mismo esquema que durante dos décadas caracterizó a los gobiernos del peledé? Sobre todo, habiendo él ganado las elecciones enarbolando producir un cambio respecto de los gobernantes peledeístas que le precedieron.

Me aventuro a afirmar que las condiciones no están dadas para la reforma fiscal que pretende hacer el gobierno de Luis Abinader. Y no me refiero solo al proceso inflacionario que hemos vivido en el país en el último año que, en las mediciones oficiales, muy por debajo siempre a como lo siente la población, se sitúa en un 10.5% de junio de 2020 a junio 2021, y que continuará aumentando en los meses por venir.

Afirmo que la principal razón por la que no se dan las condiciones para hacer la reforma fiscal en este momento es que el presidente Luis Abinader carece de la legitimidad social –que no digo de la legalidad– para su adopción. Esa falta de legitimidad proviene de que, contrario a lo prometido, su gobierno no ha convencido a la ciudadanía de que ha enfrentado con la determinación necesaria el despilfarro, los privilegios y la malversación de fondos públicos en el Estado.

No se trata de una simple percepción, sino que hay hechos objetivos que lo respaldan. Son muchos los funcionarios perremeístas que replican los usos de los funcionarios peledeístas. Los altos funcionarios se dejaron sus sueldos de lujo e incluso algunos se lo aumentaron. A pesar de ser mayoría en el Congreso, sus legisladores continuaron con el inconstitucional barrilito y cofrecito, además de las exoneraciones. Mantienen intactas más de 50 instituciones del Estado que fueron denunciadas desde la oposición de carecer de funciones o de estar duplicadas.

Pero igual, a este gobierno del cambio le resta legitimidad social para exigir nuevos impuestos, que no ha logrado dar claras y contundentes señales de hacer más eficiente y de mejor calidad los servicios que brinda el Estado dominicano, sino que el ciudadano sigue, al igual que siempre, obligado a complementarlo con dinero de su bolsillo. Los ejemplos son infinitos: el servicio de electricidad, de agua, la seguridad ciudadana, la educación, la salud, la seguridad social. Usted que lee este artículo, piense y diga en qué han cambiado estos servicios en relación a los gobiernos peledeístas.

Lo que acabamos de describir se parece mucho a lo que acertadamente decía Luis Abinader en un tuit del 29 de abril de 2016: “La nueva reforma fiscal que anuncian es un plan de comunicación, reconocimiento del fracaso de su modelo de más endeudamiento y más impuestos.”

Y algo más. La ciudadanía le tomó la seña a las declaraciones de hace unos días del presidente del pereeme que apuntan a que se está incubando el proyecto reeleccionista de Luis Abinader. A esto se agrega la revelación hecha en un tuit del pasado viernes 15 de la prestigiosa periodista Marien Aristy Capitán: “El Gobierno está en déficit, necesita recaudar y, por ello, afila cuchillo para nuestro bolsillo pero, a la par, gastará RD$400 millones en un sistema/plan de comunicación y manejo de la imagen gubernamental/presidente @luisabinader. La botaste por los 411, @homerofigueroaG.” Un gobierno austero construye la imagen gubernamental/presidente por sus acciones y ejecutorias y no artificialmente.

Este camino podría conducir a lo que denunciaba el propio presidente Abinader en su tuit del 15 de abril de 2016: “Quiere hacer lo que nunca se había hecho, que es gravar con impuestos hasta a los salones de belleza para tapar el déficit de la reelección.”

Retomando el tema original. Mientras el Gobierno que preside Luis Abinader no construya con hechos irrefutables condiciones de legitimidad social, es de esperarse que la población, marcada por la traumática experiencia de los cinco gobiernos peledeístas, perciba que cualquier nuevo impuesto que se establezca será otra fuente para el enriquecimiento de la nueva casta perremeísta y para mantener funcionarios ociosos brindando servicios públicos ineficientes. Es decir, en este terreno no se trata de expresar nuevas promesas y buenas intenciones, que de éstas están empedrados los caminos del infierno.

Le corresponde pues al gobierno de Luis Abinader, en un primer momento, dar los primeros pasos para ordenar la casa, que significa adoptar las medidas para acabar el despilfarro y toda fuente de corrupción. A esto nos referimos en el sexto párrafo de este artículo. Pero, además, acabar con los privilegios y para ello, insistimos en que el Gobierno debe revisar una por una las exenciones, exoneraciones y subsidios que conforman los llamados gastos tributarios y eliminar todas aquellas que en este momento no se justifican. Igual, desatar una cruzada contra la elusión y evasión fiscal, incluyendo el pago retroactivo de los patrimonios ocultos en paraísos fiscales que evadieron sus cargas tributarias. Impulsar una ley que penalice con prisión la evasión fiscal. También debe sentar a las empresas mineras para renegociar los leoninos contratos firmados por los gobiernos precedentes. Además, es momento para que el Gobierno encamine pasos para concertar un movimiento regional para la renegociación de la deuda externa para garantizar mejores condiciones de pago.

Afirmo que, si el gobierno de Luis Abinader en un primer momento ejecuta éstas y otras acciones, verificables en hechos irrefutables, devolvería parte de la confianza y la credibilidad perdida por la población. Tendría entonces, la autoridad política y la legitimidad moral para, en un segundo momento exigirle a la sociedad pagar nuevos impuestos. Claro, en ese escenario estaremos exigiendo impuestos directos y con carácter progresivo, focalizados en la riqueza y no, como siempre, cargados a las costillas de los sectores medios y populares.

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