?Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad (7)

HOSPITAL DARÍO CONTRERAS. LOS HECHOS. La OISOE, dirigida por Miguel Pimentel Kareh lleva a cabo la remodelación, adecuación y equipamiento del Hospital Darío Contreras de 2013 a 2015. La auditoría de la Cámara de Cuentas revela la comisión de graves irregularidades: I) El contrato original fue de RD$886,522,148 y se le hace una enmienda de RD813,131,896, es decir, casi igual el 100%, en violación de la ley 340-06 sobre Compra y Contratación de obras del Estado; II) se realizan pagos con precio alzado por RD$7,948,961 sin que se evidencie el detalle en los análisis de costos correspondientes; III) hay partidas con volúmenes no ejecutados en su totalidad; IV) se constatan retenciones en exceso por concepto de pensiones y jubilaciones de los trabajadores de la construcción; V) la remodelación se hizo con planos sin las aprobaciones correspondientes; VI) la obra se declaró de urgencia, pero no se emitió el informe correspondiente a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas. ADOCCO denunció una sobrevaluación de más de RD$500 millones. RESULTADO: CASO NO INVESTIGADO.

SCANNER DE LA JCE. LOS HECHOS. El 5.12.15 la Junta Central Electoral suscribe contrato por valor de US$39.7 millones con INDRA SISTEMA de compra de equipos y servicios para automatización del registro de electores y del escrutinio del conteo de los votos en las elecciones del 15 de mayo de 2016. El proceso resultó un verdadero desastre. En el 2017, el Pleno de la nueva JCE, comisiona al Departamento de Informática del organismo de evaluar los referidos equipos. En su informe establece: I) luego de adjudicado el contrato, a días de las elecciones se realizaron cambios en los componentes, lo que evidencia que las especificaciones de los equipos en la licitación no cumplían con los objetivos establecidos; II) no se permitió la participación de los técnicos calificados de la Dirección de Informática en el proceso de diseño, adaptación, integración ni de la implementación, quedando excluido de dichos procesos, así como del control de los equipos adquiridos y sus programas, otorgando el control de las elecciones a un tercero; III) desde la primera prueba realizada a los equipos se detectaron fallas y en ninguna se pudo conseguir una transmisión de datos mayor del 74% de los colegios electorales; IV) un 36% de los Colegios Electorales no transmitió ningún dato; V) el 58% de la votación del nivel C1 fue procesada de forma manual porque no se pudo completar el proceso de transmisión desde los colegios electorales. VI) El informe concluye recomendando: “No hacer uso en procesos electorales futuros de los equipos de registro de concurrentes y de escrutinio automatizado”. El presidente de la JCE declaró en el 2017 que el organismo, solo para guardar los referidos equipos paga mensualmente de alquiler US$15,550.00, que representa al año US186,000.00, equivalentes a RD$RD8,956,800.00. En este caso se interpusieron denuncias ante el Ministerio Publico. RESULTADO: CASO NO INVESTIGADO.

INAPA. LOS HECHOS. En noviembre de 2016, Alberto Holguín, ex director de INAPA es acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de malversar 190 millones de pesos durante su gestión, junto a Zobeida Perdomo. La PEPCA alega, además, que Holguín mintió en su declaración jurada de bienes pues no incluye varias empresas en las que tenía acciones. También que amparado en un decreto de emergencia otorgó obras en regiones que no estaban contempladas, así como beneficia con contratos de obras a empresas de relacionados de él. El primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decide descargar a los acusados bajo el fundamento de que el Ministerio Público no pudo probar ninguno de los hechos de la acusación, liberándolo de toda responsabilidad penal. CASO JUZGADO Y DESCARGADO

OISOE Y SUICIDIO DE ARQUITECTO. LOS HECHOS. El 25.09.2015 el arquitecto David Rodríguez se suicida en un baño de la sede central de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE). Este contratista no pudo resistir más la presión que ejercía una estructura corrupta de altos funcionarios que operaban en la institución. El mecanismo utilizado era retrasar dentro de la OISOE el pago de las cubicaciones presentadas por los contratistas y luego ofertarles préstamos personales a altos intereses. Esto es lo que dejó dicho en la nota escrita que aparece junto al cadáver: “Me dejé llevar de promesas por parte de Joel Soriano y Alejandro de los Santos, incurriendo en deudas que me son imposible de pagar, pues ellos se han ido quedando con todo”. De forma reiterada se criticó que la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) excluyera de la acusación a Miguel Pimentel Kareh y a José Florencio, exdirector general y exdirector técnico de la OISOE, quienes de forma reiterada aparecen en la investigación como cabecillas del entramado de corrupción que operaba dentro de la institución. RESULTADO: Alejandro de los Santos Serrano, condenado a 6 años de prisión, y Joel Soriano Fabián, Julio Pérez Alejo y Juan Romero Pérez, a 5 años.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.