Entre funcionarios, batracios y reptiles

Desmontar la cultura del empleo como retribución al activismo demorará generaciones en un país donde hay cuatro dependientes públicos por cada diez habitantes.

Vivimos en un país festivo, donde se le busca motivo a cualquier distracción. Uno de ellos es el cambio de Gobierno. En pocos países de América Latina el estreno de un gabinete convoca tantas pasiones.

Hace casi un año, los decretos de nombramiento de funcionarios fueron festejados uno a uno. Antes que las designaciones se hicieran oficiales ya corrían cientos de apuestas por los ministerios más apetecidos. Recuerdo que en las redes sociales rodaron listas apócrifas. Los tuits del presidente electo eran esperados con más ansiedad que el café de la mañana. Era como si de cada nombramiento pendieran soluciones a apremios personales.

Obvio, después de veinte años sobrellevando a los mismos funcionarios, ver rostros nuevos aireaba la sensación del cambio, esa que refrescó por corto tiempo un trance tan pesaroso como el de la pandemia electoral. Con la toma de posesión la febrilidad empezó a evaporarse. El nuevo Gobierno se instaló, los funcionarios ocuparon sus puestos y la gente regresó a la rutina del tapabocas y la cuarentena. Faltando apenas días para el Gobierno cumplir su primer año, algunos funcionarios lucen ajados; otros han consumido su encanto por culpa de una exposición pública indigesta.

En este Gobierno concurren servidores de dos matrices: la empresarial y la partidaria. Dos visiones tradicionalmente contrapuestas, pero que en los gobiernos del PLD perdieron diferencias. Los negocios públicos los asimilaron. Y es que la dilatada acumulación de tiempo, oportunidades e intereses en el poder empujó a empresarios a la política y a políticos a la empresa.

Rescatar los espacios propios de los dos sectores será un serio reto para este Gobierno, sobre todo cuando en su composición cuenta con una sustancial cuota del sector privado: exejecutivos corporativos, tecnócratas y empresarios de alta talla. Asumo por ingenuidad que esos funcionarios deben estar muy conscientes de las delgadas líneas que separan los intereses públicos de los propios y que la renuncia a los consejos de administración de sus empresas no es garantía de que se evitarán confusiones. El PLD nos enseñó las mil diabluras para armar y triangular negocios. No somos suecos.

Hay carteras, proyectos y programas que por su naturaleza no los debe dirigir ni gestionar un empresario, como aquellos que concurren con las actividades que explotan sus empresas o comprometen contrataciones en las áreas de sus negocios. Será inevitable el conflicto y, si no, quedará legitimada la sospecha. Esa que no le asienta a un Gobierno que llegó acreditado por la transparencia. Asumir tales encargos sin reproches por parte del funcionario concernido debe activar las alertas. Creo que cuando se plantea parecida disyuntiva la decisión debe ser axiomática: no aceptarlas, o, de haberlas asumido, entregarlas... y punto.

Existen leyes sectoriales que establecen incompatibilidades de funciones en razón de intereses conflictivos, pero no es un régimen estándar. Si el primer ejecutivo quiere aprovechar la experiencia de un empresario en la actividad propia de su desempeño, puede designarlo asesor honorífico o en una función que tenga los mínimos linderos con esos intereses. Presiento que a este Gobierno le esperan duras pruebas a cuenta de esas concurrencias.

Por otra parte, el partido oficialista siempre aporta al gabinete el clásico burócrata. Se trata de la persona puesta en una posición más por compromisos que por competencia y que realiza en los hechos una función inorgánica. Los hay en este Gobierno, sobre todo en niveles medios y bajos de la jerarquía administrativa o como asesores nominales en cualquier rubro.

Desmontar la cultura del empleo como retribución al activismo demorará generaciones en un país donde hay cuatro dependientes públicos por cada diez habitantes y cerca del 40 % de su población se beneficia de una asignación fija del Gobierno. Esa costumbre sintetiza la razón social de “llegar al poder”: colocar a la militancia y afines. Lo que cambia es el peso de esa nómina. El actual Gobierno ha jugado con los porcentajes, pero montado sobre la misma práctica. Esa que criticaba desde los enardecidos podios de la oposición.

Sin aludir a los que hoy ocupan esas posiciones, y en una valoración absolutamente abstracta, creo que ministerios tan sensibles como los de Educación y Salud Pública, entre otros, no debieran entrar en las bolsas de los puestos partidarios. Dejar atenciones de esa altura a políticos improvisados o como compensación a aportes electorales no es responsable. Creo que la misma prudencia que se ha tenido con la designación del gobernador del Banco Central es la que debiera acompañar al nombramiento de los titulares de tales ministerios. No son plazas para hacer política. Recuerdo cómo en los gobiernos del PLD algunos funcionarios ocuparon las posiciones públicas más diversas, que aceptaban sin sonrojos ni complejos. Solo a guisa de ejemplo y por batir un posible récord mundial, menciono el caso de Carlos Amarante Baret, quien, por las posiciones ocupadas, debiera ser oficialmente honrado como un gurú de obligada reverencia en el oficio público; fue superintendente de Seguros, administrador nacional de Bienes Nacionales, director de Migración, presidente del Indotel, ministro de Educación y ministro de Interior y Policía. Le faltaron gobiernos para ser más.

No hay gestión eficiente sin un funcionario cercano. El concepto del burócrata inasequible no responde al servicio público de hoy. No sé cómo ha costado entender que el funcionario es un asalariado del administrado o, de forma cruda, un “simple empleado” en su connotación cultural más despectiva. Aquí los funcionarios suelen ser trapecistas eludiendo atenciones, solo al pendiente de la prensa, las cámaras y los flashes o haciendo marketing solidario en los medios. Obvio, no generalizo, y en este Gobierno nos sentimos orgullosos de tener servidores ejemplares.

Ojalá se insufle y cale la mística del servidor como prestador de una atención esencialmente humana. Esa sensibilidad se antepone a cualquier otro criterio de competencia o desempeño en la Administración pública. Para servir se precisa carácter y vocación.

Creo que soy de los ciudadanos que menos despachos de funcionarios ha visitado en su vida, y menos si son conocidos. No me gusta importunar. Prefiero evitarles el fastidio, convencido de que es así como lo sienten. Y es que creen que hacen un favor personal cuando brindan una asistencia que por obligación y mandato legal deben dar. Pero mi reservada actitud personal terminó de forma concluyente. He cambiado de decisión. Ahora no solo requeriré a cada funcionario un servicio oportuno y de calidad, como me corresponde; si no, tendré el cuidado de denunciar públicamente sus desatenciones en un ejercicio hasta este momento autonegado de ciudadanía responsable. Por eso y más pago impuestos.

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