¿Pensiones solo para unos, o para todos?

No exagera el Foro Económico Mundial (FEM) cuando hace dos años vaticinó que en el 2050 estallará una bomba previsional, fruto de un déficit de más de 400,000 trillones de dólares, que pondrá en jaque a las 8 economías más importantes del mundo. A pesar de que varios estudios más recientes lo confirman, en nuestro país se oculta esta realidad y se segue planteando “más de lo mismo”.

En mi libro, Pensiones dignas y sostenibles para todos, los grandes retos de la longevidad, señalo que, a consecuencia del creciente déficit mundial, la mayoría de los países se han visto obligados a introducir “ajustes paramétricos” para reducir las pensiones y jubilaciones, generando más incertidumbres sobre el futuro de los envejecientes a escala mundial. Por el momento, veamos el caso de España, uno de los sistemas más generosos del mundo.

El Tribunal de Cuentas español advirtió sobre un problema “estructural” de sostenibilidad financiera, con unos recursos contributivos insuficientes para satisfacer el nivel de las prestaciones, presentes y futuras. Debido a la reducción al mínimo de la hucha (reservas financieras) el Tribunal decretó la “quiebra técnica” del sistema.

El Tribunal detectó “desfases significativos” entre los ingresos medios por cotizante, que han crecido un 1,2% entre 2016 y 2018 y los gastos, que han avanzado un 18,7% en esos años”, el cual se agudizará porque los pasivos aumentan más rápidamente que los activos y cotizantes, en una sociedad cada vez más longeva.

Por su parte, la Asociación de Actuarios de España, concluyó que un 34.3% de los compromisos asumidos no tiene cobertura de activos (suma de aportaciones + rentabilidad), lo que plantea dos opciones: financiar con impuestos el desequilibrio, o reducir las pensiones reales”.

Más recientemente el Banco (Central) de España señaló que el sistema entrega, en promedio, un 74% más que lo que recibe. Esta brecha, multiplicada por más de 10 millones de pensionados y jubilados, explica el agotamiento de las reservas financieras y la “quiebra técnica” señalada por el Tribunal de Cuentas español. El Banco pronostica un descenso de la tasa de reemplazo del 80% actual al 49.6% al 2050.

¿Es sostenible un sistema de reparto que entrega un 74% más de lo que recibe? Algunos lo explican por la llamada solidaridad de los cotizantes activos a favor de los pasivos, pero tal solidaridad no existe, ya que los cotizantes actuales, cuando se retiren también recibirán iguales pensiones, y así sucesivamente generación tras generación

¿Quién paga finalmente los platos rotos? No hay que ser un especialista para concluir que esta deuda creciente e incontenible recaerá sobre todos los contribuyentes por lo que, en la medida en que el Estado entregue subsidios al sector contributivo, se reducen la posibilidad de garantizar pensiones básicas a los demás envejecientes, que son la mayoría.

En consecuencia, la demanda de pensiones dignas, sin una reingeniería integral del sistema de reparto, resulta excluyente e inequitativa, porque sólo sería posible manteniendo en la

pobreza y la miseria extrema a los demás envejecientes, que en nuestro país constituyen la gran mayoría, y continuarán creciendo.

Quienes aquí formulan esa demanda tienen un doble reto: a) demostrar la vialidad y sostenibilidad financiera en el tiempo de su propuesta; y b) explicar de dónde saldrán los recursos para, además, garantizar una pensión básica a los demás envejecientes, tanto a los desempleados, como a los trabajadores por cuenta propia.

Este ejercicio es de gran interés, ya que ayudaría al país a definir, si la protección social durante la vejez se limitará a los trabajadores asalariados como un derecho aboral, o si, por el contrario, se extenderá a todos los envejecientes, independientemente de su situación económica, laboral o social, como consignó hace 75 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Arismendi Díaz Santana

Economista especializado en seguridad social en España. Dirigió el equipo técnico que diseñó el Sistema Dominicano Seguridad Social (SDSS) y redactó la Ley 87-01. Primer Gerente General del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).