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Investigan vínculos de sublevados con extremistas en EEUU

  • El gobierno estudia la posibilidad de acusar de sedición a algunos de los sublevados
AP -
Maryland
Un policía trata de contener a los manifestantes que tomaron el Congreso el 6 de enero del 2021 en Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, archivo)

En un mensaje de texto, un trumpista radicalizado planteaba la posibilidad de conseguir una lancha para transportar “armas pesadas” por el río Potomac, que esperarían correligionarios que participaron en la toma del Congreso del 6 de enero, según documentos legales.

No eran palabras al viento, aseguran los investigadores, que dicen haber encontrado recibos por la compra de 750 dólares en municiones para un arma que parecía un teléfono celular en la casa de Thomas Caldwell, acusado de ser parte, junto con otros integrantes de la organización de extrema derecha Oath Keepers, de uno de los complots más siniestros de la historia contra el Capitolio.

Extremistas de derecha, con el visto bueno de Donald Trump, protagonizaron una sangrienta toma del Congreso el mes pasado y revivieron el debate acerca de cómo combatir el extremismo interno.

Sus discursos sobre una guerra civil, traidores y una revolución son un calco de lo que dijeron personalidades derechistas en las redes sociales y portales de derecha mientras Trump promovía su afirmación falsa de que hubo fraude en las elecciones.

En casi la mitad de los 200 juicios asociados con el ataque las autoridades han dicho que los sublevados parecían haber sido alentados por teorías conspirativas o ideologías extremistas, según una revisión que hizo The Associated Press de los documentos judiciales.

El FBI relacionó a al menos 40 imputados con grupos o movimientos extremistas, incluidos al menos 16 miembros o allegados a la organización neofascista Proud Boys y al menos cinco vinculados con Oath Keepers. Los agentes del FBI vincularon asimismo a al menos 10 acusados con QAnon, la teoría conspirativa que ha sido adoptada por amplios sectores del Partido Republicano.

En al menos otros 59 casos, las autoridades relacionaron a los imputados con un discurso violento o extremista, teorías conspirativas y otras manifestaciones de la extrema derecha en las redes sociales y otros foros antes, durante y después de la toma del Congreso, de acuerdo con la revisión de la AP.

La AP comprobó que en muchos de esos casos los imputados repitieron las falsedades diseminadas por Trump a lo largo de meses en el sentido de que las elecciones estuvieron arregladas. Algunos amenazaron de muerte a dirigentes demócratas en las redes sociales o en mensajes. Otros dejaron en claro que creían muchas de las teorías conspirativas acerca de la pandemia del COVID-19. Y decenas de sublevados repitieron frases usadas por partidarios de QAnon, que promueve la idea de que Trump es un guerrero secreto que combate a una banda de burócratas y celebridades adoradores de Satán que trafican menores de edad.

El sábado el Senado absolvió a Trump en el segundo juicio político que se le hizo, pero algunos sectores piden que se investigue y enjuicie a Trump y muchos de sus partidarios por violar las leyes.

El gobierno estudia la posibilidad de acusar de sedición a algunos de los sublevados.

El presidente Joe Biden ha pedido a los organismos policiales y los servicios de inteligencia que investiguen el terrorismo interno. Los discursos incendiarios, no obstante, a menudo están protegidos por la libertad de expresión.

Y algunas organizaciones defensoras de los derechos civiles objetan la expansión de los poderes policiales aduciendo que esos poderes generalmente son usados en perjuicio de los afroamericanos y los hispanos.

Las teorías conspirativas, mientras tanto, siguen proliferando. La aplicación conservadora Parler duplicó sus seguidores, agregando 8,7 millones de usuarios, luego de que Facebook y Twitter cerrasen cuentas que difundían desinformación sobre las elecciones.

Los llamados de la plataforma conservadora a que sus usuarios se rebelen o lancen una guerra por los resultados de las elecciones aumentaron, según un análisis de la AP de un banco de datos de Parler con 183 millones de comentarios y perfiles de 13 millones de usuarios.

El archivo fue suministrado a la AP por el investigador Max Aliapoulios, de la Universidad de Nueva York.

Los posts en Parles que contenían la palabra “revolución” se más que quintuplicaron, lo mismo que el tráfico en general después de las elecciones, según el estudio.

Aproximadamente el 84% de los posts mencionando el hashtag ”#1776″ fueon publicados el día de las elecciones o después, según el análisis de AP. Las alusiones a una “traición” y a la consigna de QAnon “confíen en el plan” se multiplicaron por diez.

Los partidarios de Trump que invadieron el Congreso usaron expresiones de la revolución estadounidense para presentarse como patriotas y no extremistas.

“Todos aquí son traidores”, dijo el imputado Peter Stager, residente de Aakansas, en alusión al Congreso, en un video que circuló en Twitter. “La muerte es el único remedio para lo que hay en ese edificio”. Un abogado de Stager no respondió a pedidos de comentarios.

Los comentarios en Parler de una bogado de Georgia se tornaron cada vez más paranoicos cuando la balanza se inclinó a favor de Biden en el recuento de votos. William Calhoun, de Americus, Georgia, arengó a tomar por asalto el Capitolio el día previo a la insurrección, habló de una inminente “guerra civil” y amenazó con una “matanza” de demócratas.

Calhoun regresó a su casa después de la toma del Congreso y reanudó su trabajo como abogado. Agentes federales dijeron que tenía al menos dos rifles, cinco revólveres y cien rondas de proyectiles en su posesión cuando lo arrestaron. Un juez ordenó que permanezca bajo custodia. Su abogado no hizo comentarios.

Los investigadores afirman que los Oath Keepers se prepararon como si fuesen a la guerra en las semanas previas al 6 de enero. Uno recomendó a otros extremistas que estén “listos para el combate” y habló de realizar “2 días de ensayos de guerra” como preparación para un “combate... guerra urbana, control de disturbios y operaciones de rescate”, según los documentos judiciales.

Un abogado de Caldwell dice que los fiscales no tienen evidencia alguna que comprometa a su cliente, quien niega ser miembro de los Oath Keepers y haber estado en la toma del Congreso.

“¡Sacan todo de contexto!”, se quejó Caldwell en una audiencia.

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