Luis Peña Valdez: un caso misterioso
Hasta el momento no hay evidencia de algún documento con su nombre, ni ante el juez de ejecución de la pena, ni en los archivos de la cárcel o de la Dirección General de Prisiones
Graciela Cuevas
No termina de esclarecerse el caso de Luis Peña Valdez, el albañil que dijo que permaneció 12 años en la superpoblada Penitenciaría Nacional de La Victoria sin ser llevado ante los tribunales.
La Dirección General de Prisiones desconoce cómo Luis pudo entrar a La Victoria sin ningún tipo de registro. No hay evidencia hasta el momento de la existencia de algún documento con su nombre ni donde el juez de ejecución de la pena ni en los archivos del recinto carcelario o de Prisiones.
“Notamos que estábamos frente a lo que pudiera ser considerado un caso de naturaleza única”, dijo Roberto Hernández, director de Prisiones, y agregó que, ante la situación, la prioridad fue restituir lo más pronto posible la libertad del interno.
El funcionario explicó que en La Victoria hay un proceso de registro físico y digitalizado, que aparentemente no se realizó en el caso de Luis. Informó que en la actualidad implementan una plataforma digital que incluirá datos biométricos que, en su momento, se podrán “cruzar” con el sistema de información de la Junta Central Electoral (JCE).
“La responsabilidad de registrar a un interno recae sobre un digitador del área jurídica, quien está bajo la supervisión del o la alcaide del recinto”, respondió Hernández ante la pregunta de quién debió registrar a Luis Peña Valdez.
Hernández aseguró que hay una investigación en curso sobre el caso de Luis y que si establecen responsabilidades sobre quiénes permitieron su entrada a prisión se procederá, pero no precisó de qué manera.
Sin embargo, reconoció que Peña Valdez siempre aportó “informaciones limitadas sobre las circunstancias que lo llevaron a permanecer en La Victoria”. “Sobre todo, la versión de su ingreso mediante una práctica desterrada en República Dominicana desde hace décadas”, afirmó.
Las autoridades conocieron el caso de Luis en mayo pasado, cuando él contó su caso en una jornada para identificar casos sospechosos de SARS-CoV-2, virus que causa el COVID-19.
El hombre fue trasladado a la Procuraduría Regional de Santo Domingo, en Santo Domingo Este, y en una entrevista dijo quién era y que no poseía documentos de identidad. Mencionó quiénes habían sido sus padres, que tenía un hermano y dos hijos que viven en Puerto Rico.
Luis contó que su apresamiento se produjo cuando acudió a la casa de un ingeniero a cobrarle un dinero. El patrón, sin salir de la residencia, llamó a la Policía y dos agentes acudieron y se lo llevaron al destacamento de La Quinta Compañía, de Monte Plata, y al día siguiente lo trasladaron a La Victoria.
Pero en las indagatorias a cargo del procurador general de la Corte de Apelación, Félix Castillo Nolasco, no se comprobó que el hecho haya ocurrido. Se contactaron varias personas y ninguna tenía conocimiento.
En la búsqueda de establecer las circunstancias en las cuales Luis ingresó al recinto y determinar su vinculación con algún proceso judicial, se contactó con la Fiscalía de Monte Plata y el destacamento La Quinta Compañía, y en ninguna de las dependencias se encontró documentación.
“Entendemos que aparentemente el referido interno fue recibido sin una orden de prisión”, dio constancia la Dirección General de Prisiones en las indagatorias.
Solos unos pocos lo recuerdan
Luis Peña Valdez parece ser solo un recuerdo en la que sería su natal Batey Verde del municipio Sabana Grande de Boyá. Entre los pocos que lo pueden recordar está Juan Figueroa, quien rememora: “Él no salía de ahí, de la campestre (refiriéndose a un local del Consejo Estatal del Azúcar, CEA)”.
Figueroa no le conoció más familiares a Luis Peña Valdez que un hombre llamado Tulito, quien era su abuelo y se dedicaba a la barbería. Además, dice no saber quiénes fueron los padres de Luis.
En su relato a las autoridades, Peña Valdez dijo que sus padres se llaman Ana Valdez y José Luis Peña y que tenía un hermano llamado Fernando Peña que vive en Sabana Grande de Boyá. Además, afirmó que residía en la calle Matadero, del sector El Matadero, provincia Monte Plata.
Diario Libre visitó Batey Verde y, entre quien se acuerda de Luis y quien no, a nadie los nombres de Ana Valdez, Fernando Peña ni José Luis Peña le llegan a la mente, tampoco en el sector El Matadero de Sabana Grande de Boyá.
En la orden de liberación de Luis se mencionan a dos posibles parientes que todavía residen en Sabana Grande de Boyá. Son los hermanos Roberto Acosta y Domingo Mejía, pero ninguno recuerda haber visto al albañil y no tienen conocimiento de que sea algún familiar lejano.
Los nombres de Roberto Acosta y Domingo Mejía fueron ofrecidos por Julio García Concepción, alcalde pedáneo de Sabana Grande de Boyá, quien explicó a Diario Libre que dio los nombres porque Luis dijo que su abuela se llamaba Juana Acosta, pariente de Roberto y Domingo.
Desapareció
Luis salió desde el pasado jueves 12 de agosto de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicada en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional, y desde entonces se desconoce dónde está y nadie lo busca.
Este medio se enteró de que el albañil abandonó el local y le dijo al vigilante que un vehículo de un medio de comunicación lo recogería a las 5:00 de la mañana y desde entonces nadie lo ha visto.
Luis Peña Valdez fue entregado a la CNDH, y se estaba alojando en ese lugar, debido a que la Comisión lo ayudaría con el proceso para obtener documentos de identidad. Incluso, ya había recibido donaciones de la población, pero dejó todo abandonado.
La Dirección de Prisiones no realiza investigación con respecto a la desaparición de Luis, al que ahora el sistema asume en absoluta libertad.
La historia parece repetirse
El 29 de julio de 1996, la revista Rumbo realizó un extenso reportaje sobre las cárceles de la República Dominicana.
En los primeros párrafos, el periodista Miguel Ángel Ordoñez cuenta el caso de los internos Francisco Martínez Santos y Apolinar Hipólito Herrera, quienes tenían dos años y seis meses en la cárcel vieja de San Cristóbal, sin que existiera contra ellos un expediente o acusación. No había siquiera una orden de prisión contra ellos.
Fueron llevados a ese recinto luego de que se realizara una redada en el ensanche Capotillo, sector de la capital dominicana. La Comisión Nacional de Derechos Humanos descubrió la situación de Martínez Santos y Herrera y realizó las gestiones para otorgarles la libertad.
Graciela CuevasGraduada de Comunicación Social mención Periodismo en la UASD. Tiene experiencia trabajando en periódicos impresos y digitales, también en la producción de programas radiales.
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