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Registran la Federación Española de Fútbol en una investigación por supuesta corrupción

Los contratos han supuesto unos 40 millones de euros anuales e involucra la empresa del exfutbolista Gerard Piqué

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Registran la Federación Española de Fútbol en una investigación por supuesta corrupción
Los contratos de la Federación Española de Fútbol suponen unos 40 millones de euros anuales e involucra la empresa de Gerard Piqué

La Guardia Civil está registrando la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF), entre otros lugares, en una investigación por supuesta corrupción, informaron este miércoles fuentes judiciales, en un caso relacionado con el traslado de la Supercopa a Arabia Saudita.

Los agentes están buscando contratos irregulares concluidos en los últimos años durante la presidencia de Luis Rubiales, quien dimitió de su cargo el pasado año a raíz del escándalo por el beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso.

El operativo está dirigido por un juzgado de Majadahonda, cerca de Madrid, que investiga los contratos para el traslado de la Supercopa de España a Arabia firmado por Rubiales en 2019.

Estos contratos han supuesto unos 40 millones de euros anuales (43,3 millones de dólares) para la RFEF y en el mismo actuó como intermediario Kosmos, la empresa del exfutbolista Gerard Piqué.

Según las fuentes, la investigación tiene su origen en los contratos relacionados con Arabia, pero va a más allá.

La operación, coordinada con la Fiscalía Anticorrupción, se está desarrollando en varios lugares de España, además de en la sede de la RFEF, en Las Rozas, a las afueras de la capital.

Registran la casa de Luis Rubiales

La intervención policial se enmarca "en una investigación vinculada a presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales", dijeron las fuentes judiciales.

Se prevé que el operativo acabe con siete detenidos, a los que se sumarán otras cinco personas como investigadas en esta operación.

De la misma manera también se han previsto registros domiciliarios y petición de información a distintas entidades públicas y privadas.

La policía ha registrado el domicilio de Luis Rubiales en Granada, en el sur de España, aunque el expresidente de la RFEF no se encontraba en ella por estar fuera de España.

De acuerdo con la prensa local, las detenciones no han tenido lugar en la sede de la Federación, donde actualmente también se encuentra concentrada la selección española con vistas a sus dos partidos amistosos contra Colombia el viernes y Brasil el martes.

"No tenía ni idea, hemos entrenado tan normal. Yo al menos no me he dado cuenta de lo que estaba pasando", dijo el portero de la Roja, David Raya, al ser preguntado sobre los registros.

Denuncia

La investigación por el traslado de la Supercopa de España a Arabia arrancó tras la denuncia presentada en 2022 por el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (Cenafe), Miguel Galán, contra Rubiales y Piqué por supuestos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

En esa querella, en la que reproducía informaciones de prensa, Galán afirmaba que Rubiales y Piqué "acordaron un plan para lucrarse con 24 millones de euros (26 millones de dólares) en contubernio y a costa de la RFEF".

Galán denunció así que habrían pactado una comisión por celebrar la Supercopa de España en Arabia.

En la demanda también se pedía investigar si Rubiales había pagado con dinero federativo un viaje de ocio a Nueva York en 2018.

Rubiales siempre defendió la legalidad de los contratos para llevar la Supercopa a Arabia, y rechazó el pago de cualquier tipo de comisión, especialmente tras la aparición de las informaciones de prensa que hablaban de la posible comisión denunciada por Galán.

"Si hay cualquier tipo de comisión, Kosmos la tendrá con Arabia Saudita, por tanto la Federación no ha pagado, ni paga, ni pagará un solo euro en comisión a nadie por esta operación", afirmaba Rubiales en 2022.

El propio Gerard Piqué ya había afirmado unos días antes de esas declaraciones en una rueda de prensa que "todo lo que hemos hecho es legal y no ha habido conflicto de intereses".

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