¿Debemos estar ausentes?

El lunes 11 de marzo se llevó a cabo una reunión en Kingston, Jamaica, en la que participaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y los miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), para tratar la crisis de Haití y definir un curso de acción con miras a formar un gobierno de transición que prepare las elecciones nacionales y restablezca la legitimidad de las autoridades haitianas. Esta iniciativa procura también facilitar el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití que aprobó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 2 de octubre de 2023, aún pendiente de materializarse. En consecuencia, se decidió formar un Consejo Presidencial de Transición de siete miembros acompañado de la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Al escribirse esta columna no había información sobre la implementación de esta decisión ni si encontrará apoyo suficiente en los actores internos en Haití.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana informó, a través de un comunicado, que la República Dominicana fue invitada a participar en dicha reunión, pero declinó hacerlo por considerar no conveniente su participación, al tiempo que hizo algunos planteamientos para que se tomen en cuenta en el proceso de transición en Haití. En principio, esta parece ser la posición más lógica de parte del Gobierno dominicano por entenderse que nuestro país no debe inmiscuirse en los asuntos internos de Haití, sino que su prioridad, en el contexto de la profunda crisis haitiana, debe ser proteger nuestras fronteras y la integridad de nuestro país ante la potencial amenaza a la seguridad nacional que representan las bandas criminales haitianas, así como el riesgo de que se produzcan migraciones masivas desde Haití hacia el territorio nacional.

No obstante, vale plantear la pregunta: ¿debemos estar ausentes? Hay buenas razones para justificar que la República Dominicana participe en una reunión de esa naturaleza. En primer lugar, la invitación provino de un foro multilateral caribeño auspiciado por CARICOM, con la participación de Estados Unidos, por lo que nuestro país no estaría inmiscuyéndose unilateralmente en los asuntos internos de Haití. En segundo lugar, la República Dominicana solicitó recientemente ingresar a CARICOM, por lo que es de suponer que una de las razones de esa iniciativa es poder incidir en cómo esta organización caribeña concibe y trata la crisis haitiana. Y en tercer lugar, nadie de los que participaron en ese foro caribeño conoce mejor que los dominicanos lo que ha ocurrido en Haití desde el golpe de Estado al expresidente Jean-Bertrand Arisitide en 1991 hasta el presente, así como las respuestas que ha dado la comunidad internacional a las sucesivas crisis que han tenido lugar en ese país desde esa época a esta parte. Tener una voz en ese foro sobre la crisis haitiana hubiese sido importante para llamar la atención sobre errores pasados, aportar ideas sobre qué debe hacer la comunidad internacional y hacer sugerencias de cómo abordar la crisis política y estructural haitiana a partir de nuestras propias experiencias históricas.

Podría argumentarse que participar en un foro de ese tipo expone a la República Dominicana a que se le hagan peticiones que no está en condiciones de atender. La verdad es que es poco probable que esto ocurra puesto que los propios países de CARICOM que reciben el impacto de la excesiva migración haitiana, especialmente Las Bahamas y Jamaica, no aceptarían exigencias para que asuman cargas que no están en condiciones de llevar. La República Dominicana tampoco tendría que aceptar exigencias o presiones de ningún tipo en el hipotético caso que esto llegase a suceder.

Ningún otro país puede tener más interés que la República Dominicana de que Haití supere su crisis política, institucional y de seguridad. En consecuencia, si bien es incontestable el planteamiento de que nuestro país no debe inmiscuirse en los asuntos internos de Haití ni debe verse expuesto a situaciones que lo arrastren, de la manera que sea, hacia ese conflicto, también es cierto que la República Dominicana debe aprovechar cualquier foro multilateral legítimo al que sea invitado o del que sea parte para ayudar a definir la visión que debe primar en el involucramiento de la comunidad internacional en la crisis haitiana, ya sea las Naciones Unidas, la OEA o CARICOM.

Hasta ahora, las iniciativas que se han anunciado desde la comunidad internacional para ayudar a Haití -la del Consejo de Seguridad de la ONU y la más reciente en este foro entre CARICOM y Estados Unidos- son positivas pero insuficientes para dar respuestas a los enormes desafíos que plantea la crisis haitiana. De nuevo se corre el riesgo de que en la comunidad internacional predomine un enfoque cortoplacista que no ataque los problemas estructurales de la sociedad haitiana, entre ellos la ausencia o debilidad crónica del Estado, la disfuncionalidad de su sistema de gobierno, el colapso de la seguridad, la crisis medioambiental y los problemas económicos y sociales, todo lo cual requiere una "visión holística", como bien dice la Resolución 2699 (2023) del Consejo de Seguridad de la ONU.

La República Dominicana haría bien con participar en foros como el que se celebró en Jamaica, así como en cualquier otro de tipo multilateral al que sea legítimamente invitado, con miras a aprovechar esos espacios para hacer sentir la posición dominicana. Ausentarnos nos resta visibilidad y fuerza, lo que en nada ayuda a que la República Dominicana pueda incidir en cómo la comunidad internacional aborda la cuestión haitiana y cuáles políticas adopta, de modo que estas sean más efectivas que las que dicha comunidad ha propiciado durante los últimos treinta años, las cuales han fracasado en el intento de promover en Haití estabilidad, gobernabilidad, crecimiento económico, desarrollo y bienestar social.

Flavio Darío Espinal

Abogado y profesor de Derecho Constitucional de la PUCMM. Es egresado de la Escuela de Derecho de esta universidad, con una maestría de la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Socio gerente FDE Legal.