Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad (13)

OPERACIÓN CARACOL. LOS HECHOS. Con este nombre se denomina la investigación iniciada por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el presidente de la Cámara de Cuentas Hugo Álvarez Pérez, y los integrantes de su pleno los señores Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, denunciados por “maquillar” las auditorías y ocultar actos de corrupción cometidos por funcionarios del Estado durante el gobierno de Danilo Medina.

ACTOS DE PERSECUCIÓN. En virtud del privilegio de jurisdicción que beneficia a los titulares de la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de la jueza María G. Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la Resolución 01-2021, del 18 de febrero del año en curso, mediante la cual procedió a allanar en la sede central de la Cámara de Cuentas, todos los departamentos que se involucran en la realización y en la tramitación de las auditorías, apoderándose de decenas de cajas de documentos contentivos de las auditorías irregulares y que fueron trasladados a la PEPCA.

IMPUTACIÓN PENAL. El Ministerio Público le imputa los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. CASO PENDIENTE DE DECISIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

OPERACIÓN CORAL. LOS HECHOS. El Ministerio Público designa así a la investigación realizada contra un entramado militar, policial y societario que se enriqueció apropiándose y desviando recursos, principalmente de los cuerpos castrenses especializados. El 24 de abril el Ministerio Público apresó a los cabecillas: el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente Danilo Medina; coronel de la PN Rafael Núñez de Aza; mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora Rossy Guzmán; Tanner Flete Guzmán; Alejandro José Montero Cruz. En el expediente el Ministerio Público incluye otras 15 personas pertenecientes a distintas instituciones castrense y que conforme anota la investigación “tuvieron participación activa en las operaciones ilícitas”. Estos son: general de brigada Boanerges Reyes Batista, dirigió el Cuerpo Especializado Seguridad del Metro (CESMET) y uno de los propietarios de diez solares con valor de RD$40 millones. Elvis Marcelino Feliz Pérez, mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) y exviceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, uno de los propietarios de los referidos solares y captor de dinero proveniente de actividades ilícitas. Juan Carlos Torres Robiou, general de brigada y director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), señalada como una de las instituciones utilizadas para recabar recursos por medio del nombramiento de militares y policías con sueldos abultados, de los que debían devolver el 70% y 80%. Puso su cargo a disposición del presidente Luis Abinader. Luis Alberto Coronado Abreu, general de brigada del Ejército Nacional, señalado como uno de los que hacían depósitos en las empresas del entramado. Eric Daniel Pereyra Núñez, cabo PN adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP). Era quien movilizaba los fondos por orden del coronel Núñez de Aza. Libraba cheques a su nombre que luego depositaba en la Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL, verificándose depósitos hechos por éste por RD$ 3,782.000.00. Feliz Alburquerque Comprés, vicealmirante y exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Puesto en retiro en diciembre por Luis Abinader. También se incluyen en la investigación a: Vicente Girón Jiménez, primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana. Franklin Antonio Mata Flores, Marina de Guerra Dominicana. Epifanio Peña Lebrón, General de Brigada (pensionado) del Ejército Dominicano. Andrés Alcántara Lebrón, coronel Fuerza Aérea Dominicana. Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, Fuerza Armada de República Dominicana y Jaro Ramiro Hernández Restituyo, Cristian Serrano, Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez, José Manuel Rosario Pirón, miembros de la PN.

IMPUTACIÓN PENAL. La PEPCA les imputa por asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.

ACTOS DE PERSECUCIÓN. La jueza Kenya Romero, apoderada para decidir sobre las medidas de coerción, al tiempo de declarar complejo el caso, impuso 18 meses de prisión preventiva a cinco de los cabecillas y prisión domiciliaria a Raúl Alejandro Girón Jiménez. Éste último en la audiencia de medidas de coerción declaró ampliamente sobre cómo se realizaban las operaciones que sustrajeron miles de millones de pesos a los cuerpos especializados de Seguridad Turística (CESTUR), de Seguridad Presidencial (CUSEP), entre otros.

A pesar de varios intentos de parte de los que guardan prisión preventiva, les ha sido negada la variación de la medida de coerción.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.