Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad (14)

La periodista Nuria Piera, en octubre de 2020, presentó una investigación en la que cuestionó la procedencia lícita del patrimonio ascendente a 106 millones de pesos, de la ingeniera Kimberly Taveras, en ese momento ministra de la Juventud.

CASO EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD. LOS HECHOS. El Estado Dominicano apoderó el pasado 16 de junio a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de querella penal con constitución en actor civil con base en resultados arrojados por investigaciones y auditorías internas que revelaron que en la administración del gobierno de Danilo Medina (2012-2016) operó un entramado criminal de personas y empresas que valiéndose de contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaluadas obtuvieron beneficios ilícitos en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y en las Empresas Distribuidoras de Electricidad.

Imputados. Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), se le imputa que en su gestión, las personas físicas y empresas denunciadas se beneficiaron por medios fraudulentos de contratos suscritos con Edeeste, Edesur y Edenorte, habiendo malversado fondos por valor de US$488,000,000.00, provenientes de organismos internacionales de financiamiento como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID). Maxy Montilla y Alexander Montilla Sierra, cuñados de Danilo Medina y hermanos de la primera dama, figuran en la querella como los principales beneficiarios en los procesos internos de compras y contrataciones de las empresas de distribución eléctrica, quienes a través de sus empresas logran de manera fraudulenta, solo en Edeeste, 103 contratos por un valor de 3 mil millones de pesos. Alexis Medina, hermano de Danilo Medina, actualmente en prisión preventiva como principal imputado en el expediente de corrupción “Operación Antipulpo”, quien se valió del tráfico de influencias para colocar testaferros dentro de Edeeste. Entre ellos Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda y Messin Elías Márquez Sarraf, y Omalto Gutiérrez Remigio, ya fallecido. A Luis Ernesto León Núñez exadministrador de Edeeste, se le imputa, junto a funcionarios y familiares, hacer de forma frau- dulenta de 132 adjudicaciones de compra, por un valor total de valor de 3,880 millones de pesos, para su enriquecimiento ilícito. Julio César Correa, ex administrador de edeeste, Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez, exadministradores de Edesur.

Violación penal. En la querella el Estado Dominicano les imputa las violaciones penales de estafa agravada, lavado de activos, falsedad en documentos privados, uso de documentos falsos, soborno, coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores. Pendiente de decisión del Ministerio Público.

CASO KIMBERLY TAVERAS. LOS HECHOS. La periodista Nuria Piera, en octubre de 2020 presentó una investigación en la que cuestionó la procedencia lícita del patrimonio ascendente a 106 millones de pesos, de la ingeniera Kimberly Taveras, en ese momento ministra de la Juventud. Ésta, en el periodo 2016-2020, había sido alcaldesa del Distrito Municipal de La Guáyiga, municipio de Pedro Brand. Entre sus bienes figuraban tres solares valorados en 21 millones 800 mil pesos; acciones en las compañías Ares Imperio SRL por valor de 28 millones 171 mil 942 pesos; inversiones en el Colegio Domínico Chino SRL por 17 millones 725 mil 500 pesos y 2 millones 10 mil pesos en la empresa Pack Uando Logística SRL. Además, un pasivo en préstamos ascendente a $29 millones 847 mil 947 pesos. Conforme el reportaje, uno de sus negocios era el alquiler de camiones para la recogida de basura. A este propósito una de las revelaciones de la investigación fue el contrato otorgado de forma irregular por el ayuntamiento de Boca Chica a la empresa OAR Imperio S.R.L, propiedad de Taveras y el exregidor y candidato a alcalde del municipio de Boca Chica por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jheyson Castillo por valor de RD$2,625,000.00., para la recogida de basura. También contratos irregulares con estación de gasolina vinculada a Taveras y otros contratos con los ayuntamientos de Hato Mayor y Santo Domingo Este. Originalmente la ingeniera Taveras solicitó una licencia al presidente de la República y dos meses después, el 07 de diciembre de 2020 presentó formal renuncia como ministra de la Juventud.

Estado de la investigación. En el mes de octubre de 2020 la Procuraduría Especializada Anticorrupción, de oficio, inició una investigación sobre el origen del patrimonio de la ingeniera Taveras. Por su parte, la Dirección General de Contrataciones Públicas depositó en la PEPCA, documentación relativa al proceso de licitación realizado por la Alcaldía de Boca Chica con la compañía OAR Imperio S.R.L, antes referida. Además, se analiza documentación del desempeño de la Ing. Taveras en la Junta Municipal de La Guáyiga. La PEPCA ha interrogado a Juan Carlos Ventura, exesposo, una hermana y otros familiares de la Ing. Taveras. También ha interrogado, en más de una oportunidad, a Jheyson Castillo, actual esposo de la ingeneira Taveras y exregidor del municipio de Boca Chica. Pendiente de decisión del Ministerio Público.

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