No es un concurso de simpatía

Debe ser muy triste para un presidente hacer una reforma tributaria que no quiere. O, al menos, de la que no está convencido. Todo parece indicar que, tras cuatro décadas de neoliberalismo, tanta prédica en universidades y medios de comunicación, habían llegado a convencer al presidente Abinader, como a tantos, de que era verdad el cuento de que los problemas nacionales se solucionaban bajando los impuestos.

Hasta que la realidad le dio en la cara. Ya no estamos hablando de Pacto Fiscal, porque el tiempo para eso ya se le pasó, o se le está agotando rápidamente. Ese sueño plasmado en la Estrategia Nacional de Desarrollo tendrá que esperar por momentos más propicios.

Pero para hacer una reforma tributaria no necesita mucho consenso, sino contar con el voto mayoritario en el Congreso. Es cierto que la pandemia se la puso muy difícil, pues hablar de impuestos en medio de una crisis no es aconsejable ni viable. Pero las grandes cosas que un gobierno no emprende en su primero o segundo año ya no se harán.

El problema es que hacer una fuerte reforma fiscal es precondición para hacer las otras que el Gobierno quiere, como la reforma policial, de la Justicia, del Ministerio Público, del agua, etc., así como para ejecutar las obras públicas que el presidente anuncia. De lo contrario, es bueno que desde ya vaya pensando en cambiar el nombre del Ministerio de Obras Públicas, que tanto se promueve, por Ministerio de Promesas Incumplidas.

Tendría que aprovechar ahora que la población está conmovida por los desmanes de agentes policiales, para decirle claramente a la gente: ¿usted quiere sentirse seguro y tranquilo en su casa o en la calle? Pues pague por ello. No hay desayuno gratis en este mundo, y eso tiene un costo. Por más leyes y comisiones que se nombren para reforma policial, en ningún país eso se consigue con un 0.3% del producto.

¿Usted quiere un ministerio público independiente, pero además eficiente, capaz de perseguir y castigar la corrupción, el narcotráfico y todo tipo de delito? Pues no pretenderá que lo va a conseguir con el 0.1% del PIB. Lo mismo aplica para la Justicia.

¿Usted aspira a vivir en un país con un servicio de agua y saneamiento adecuado, en que los ríos y cañadas no se desborden en épocas de lluvia inundando zonas habitadas, arrastrando consigo cantidad de desperdicios, y hasta casuchas y animales o, la mínima aspiración, que la gente tenga agua potable en sus hogares? Pues pague lo que eso cuesta.

¿Usted quiere que se gaste el 4% del PIB en salud pública? Pues vamos a ver de dónde va a salir el dinero. Toda sociedad necesita tanto de lo público como de lo privado para una vida digna y más justa; ningún país ha resuelto nada dedicando a lo público un 14% del PIB. Y mucho menos cuando ya tenía un 5% comprometido en deuda y un 4% en educación.

No hay impuestos buenos. Si el presidente quiere proponer una reforma tributaria y conseguir muchos like, que la gente diga ¡bravo, pero qué buen impuesto me quieren poner!, pues olvídese de gobernar. Porque nunca nadie dijo que el arte de gobernar es lo mismo que un concurso de simpatía.

Otro asunto a considerar es que no hay forma de hacer reforma tributaria sin afectar a la clase media, e incluso a los pobres. Lo correcto es poner todo el empeño en establecer impuestos socialmente progresivos, basados en la renta y el patrimonio. Pero descansar solo en ellos ha sido imposible en América Latina, pues los ricos tienen demasiadas alternativas para eludir o evadir su pago. Y la única manera de llegar a ellos de manera sustancial es cuando se eliminan todas las exoneraciones.

Al final, lo importante es que el fisco tenga recursos suficientes para resolver problemas de los pobres. Históricamente se ha demostrado que la progresividad fiscal solo se logra efectivamente por la vía presupuestaria, del gasto público. Aunque los pobres carguen con algunos impuestos, es mucho mayor el beneficio que reciben por medio de los servicios que el Estado les provee.

Isidoro Santana