El Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo es una institución de principio del siglo XIX, pero nueva en la República Dominicana, con un alcance todavía desconocido y no valorado por la población dominicana. Esta institución, dirigida de manera responsable y con sentido de compromiso, se puede convertir en un instrumento real que contribuya a reducir las violaciones de derechos y las libertades públicas, con el cumplimiento del respeto a la Constitución y las leyes.

Los funcionarios públicos, los representantes de las entidades y empresas privadas que ofrecen y administran servicios públicos prioritarios deben sentirse vigilados y estar conscientes que sus actos, cuando violan los derechos de los ciudadanos, pueden convertirse en la base de procesos judiciales en su contra. En esto, según el espíritu del legislador en la ley 19-01 que crea el Defensor del Pueblo, la institución debe jugar un papel que marque un antes y un después en la sociedad dominicana.

Los primeros años de gestión de la doctora Zoila Martínez Guante, primera Defensora del Pueblo, fueron básicamente para crear las bases de una institución que la cúpula política realmente no quiere que funcione como se debe; ese tiempo fue para organizarla y darla a conocer, pero ahora las nuevas autoridades deben trabajar para que la legislación se cumpla y para que el ciudadano entienda la importancia que tiene para garantizar sus derechos.

El Defensor del Pueblo ha comenzado a enviar señales positivas de que las acciones de la institución pueden conducir a las transformaciones que pauta la legislación. Es importante que el defensor Pablo Ulloa cuente con todos los recursos posibles, económicos y humanos, que actúe con sentido de cuerpo auxiliado por los suplentes, adjuntos y de todo el personal de la institución. Además, que pueda contratar el personal que necesite, porque tiene una gran tarea y compromiso con la sociedad.

Hemos visto al Defensor del Pueblo actuando contra funcionarios debido a reclamos de ciudadanos que han denunciado violaciones de derechos y la institución no debe descansar hasta lograr que se imponga el respeto a la Constitución y la ley. Si flaquea en sus acciones, si permite que irrespeten la institución será difícil cumplir su papel. Aquí está la gran prueba para el nuevo Defensor del Pueblo y su equipo.

El reclamo de cientos de maestros al Instituto de Bienestar Magisterial (Inabima) por las pensiones que devengan, así como las cancelaciones sin prestaciones laborales en el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) parecen ser los dos casos con los que el Defensor del Pueblo va a intentar enviar el mensaje descodificado a los funcionarios públicos y a la sociedad; de hecho, ya sometió a un funcionario por negarse a ofrecer la información solicitada.

Por lo que se observa, el sometimiento del defensor Pablo Ulloa al señor Adán Peguero, director del Inposdom, por ante la Fiscalía del Distrito Nacional por negarse a dar respuesta a la solicitud de la Defensoría del Pueblo sobre desvinculaciones sin reconocer las prestaciones de los afectados, es una demostración de que exhibirá este caso como ejemplo ante los demás funcionarios. Lo acusa de violar el artículo 27 de la ley 19- 01 y el principio de transparencia del artículo 138 de la Constitución.

Si el Defensor del Pueblo permite que un funcionario irrespete su autoridad, será imposible lograr que los demás cumplan con el mandato de la Constitución y la ley que crea esa institución. Los casos que maneja el Defensor del Pueblo deben encaminarse por las vías correspondientes y no debe descansar hasta que haya sanción contra quienes violen las normas. Solo a partir de ahí los funcionarios entenderán que las cosas deben hacerse diferente y la sociedad se sentirá más protegida.

Los ciudadanos necesitan que les garanticen sus derechos, para eso se crearon las instituciones y aportan los recursos con el pago de sus impuestos. El campo de acción es amplio y el Defensor del Pueblo tiene la gran responsabilidad de dar respuesta a este mandato, por lo que además de estas medidas judiciales sería interesante que la población vaya conociendo cómo van dando respuesta a otras necesidades de la sociedad y cuál es el papel que ha encargado a los suplentes, los adjuntos y otros funcionarios de la institución para cumplir con el mandato que le ha dado la sociedad.

Los dominicanos estarán satisfechos si el señor Pablo Ulloa, al final de su mandato de seis años puede proclamar que ha cumplido con esto que declaró a la prensa: “Ningún funcionario está por encima de la Constitución y las leyes. Es tiempo de que en República Dominicana prevalezcan los derechos de los ciudadanos y que todos los que somos funcionarios públicos respetemos al pueblo que nos concedió la oportunidad de servir”. El Defensor del Pueblo solo está sujeto a la ley, es un verdadero poder si actúa con responsabilidad y sin compromisos políticos y de grupos.

José María Reyes